Los ataques surgieron horas después de que el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Jones Huala, reivindicara los ataques incendiarios y convocara a sus seguidores a la “lucha armada”. También defendió los sabotajes contra la que denominó “infraestructura del sistema capitalista”, “las transnacionales y los terratenientes”. Por esos dichos, Huala fue denunciado por el Ministerio de Seguridad Nacional esta mañana, indica Infobae.

Torres informó que de los ocho nuevos focos de fuego, hay dos que ya fueron controlados por los Bomberos. Por el hecho, indicó, ya hay una persona identificada que no está detenida porque quedó internada. Según corroboraron, el sospechoso mantuvo contactos telefónicos con otro supuesto mapuche que fue desalojado recientemente del Parque Nacional Los Alerces y está relacionado con el ataque a la Estancia Amancay.

En enero pasado, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, encabezó el operativo que desalojó a la agrupación mapuche Lof Paillako. El jueves 9 de enero de 2025 expiró la fecha límite que había establecido el juez federal de Esquel, Guido Otranto, para que los líderes mapuches, Ernesto Cruz Cárdenas y su pareja, María Belén Salinas, abandonaran el territorio junto con el resto de la comunidad. Por este motivo, la titular de la cartera de Seguridad Nacional, el gobernador chubutense y el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Cristian Larsen, se sumaron al procedimiento para desalojar a la población.

En tanto, se comprobó que el ataque incendiario a la Estancia Amancay fue premeditado. El escrito fue elaborado luego de los peritajes que se realizaron en el establecimiento ganadero Amancay, situado sobre la ruta provincial 71, a pocos kilómetros de la localidad. Un investigador de incendios y explosivos junto a la Policía Científica del Chubut peritaron el sitio y confirmaron que fue provocado intencionalmente mediante el uso de acelerantes en recipientes de vidrio – tipo molotov- para lograr «una mayor expansión y propagación del fuego».

En este sentido, Torres apuntó contra el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala: «Esta persona primero era flogger y después se autopercibió mapuche y lo que hacen es muy grave. Este delincuente y este imbécil, que habla desde un papel de revolucionario de café, envalentona a un montón de jóvenes ante una falsa lucha ideológica y pone en riesgo la vida de trabajadores y gente de bien».

Y estableció: «Hace años que no pasa algo así y lamentablemente nos tiene a todos en vilo, que cada dos o tres horas tenemos un nuevo intento de estos miserables de prender fuego todo. Acá hay una cuestión de soberanía y por eso lo denunciamos. Ojalá de una vez por todas la Justicia ponga todo lo que tenga que poner».

El Gobierno de Chubut presentó una denuncia formal contra el exconvicto por instigar a cometer delitos, mientras que la administración nacional lo acusó por intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal. Estas acciones se enmarcaron luego de las últimas declaraciones de Jones Huala, donde reivindica los atentados incendiarios y convocó a la lucha armada.

«Soy un militante de la causa mapuche, soy revolucionario, anticapitalista, antisistema. Reivindico los sabotajes, las acciones de resistencia, de autodefensa, la rebelión frente a la opresión de la que siempre hemos sido objeto», había expresado durante la presentación de su libro «Entre Rejas, Antipoesía incendiaria».

La denuncia quedó en manos del Juzgado Federal de Bariloche, a cargo del doctor Hugo Grecca. Hace poco tiempo, Jones Huala quedó en libertad, luego de cumplir la pena de 9 años de prisión que le impuso la Justicia de Chile por el incendio del Fundo Pisu Pisue, ocurrido en 2013 en la comuna de Río Bueno, en Valdivia.

En este sentido, señaló -a través de su cuenta oficial de X– que «después de más de cuatro años de ocupación ilegal, por culpa de la desidia de los Gobiernos anteriores, y de un sector de la Justicia que miraba para otro lado, pudimos finalmente desalojar a los usurpadores de la zona del Parque Nacional ‘Los Alerces’».

«También fue necesario controlar a un grupo de inadaptados que, como reclamo ante el desalojo, intentaron tomar y bloquear la estación ferroviaria de Nahuel Pan, donde funciona La Trochita», dijo.

Finalmente, Torres concluyó que «a partir de ahora, y a diferencia de lo que ocurría en el pasado con otros Gobiernos que defendían delincuentes, en Chubut la ley se cumple y es igual para todos».

Este operativo es el resultado de una extensa batalla judicial que culminó con la sentencia firme de la Justicia, permitiendo la intervención de las Fuerzas Federales.

Según la orden emitida por el juez federal Guido Otranto, los integrantes de la comunidad, que en 2020 ocuparon de manera violenta instalaciones de Parques Nacionales y avanzaron sobre terrenos públicos y privados, tienen pocas horas para retirarse voluntariamente antes de que se proceda a ejecutar la medida judicial.

Según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación, el desalojo se concretará en colaboración con la Vicejefatura de Gabinete del Interior y la Administración de Parques Nacionales, bajo estrictos protocolos de seguridad.

El 2 de enero pasado, un oficial de justicia acompañado por miembros de la Policía Federal notificó a la comunidad sobre la resolución judicial y emplazó a los usurpadores a retirarse de forma voluntaria antes del jueves 9 de enero.

El mismo día se firmará el acta de restitución de las tierras a Parques Nacionales. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich encabezará el operativo junto con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres y el presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen.

El documento que difundió el Ministerio de Seguridad indica que «tras agotarse todas las instancias judiciales y los intentos de retirada pacífica, se procederá al desalojo del grupo autoproclamado mapuche encabezado por Cruz Cárdenas».

En rigor, la comunidad Lof Paillako permanece en áreas protegidas que incluyen una seccional de Guardaparques. En un contexto de tensión, la ocupación generó conflictos con ataques verbales y físicos hacia el personal de la Administración de Parques Nacionales y afectó los derechos de propiedad del Estado Nacional.

«Nuestro compromiso es claro: con la ley, la paz social y la seguridad de todos los ciudadanos. No vamos a permitir más usurpaciones. En Parques Nacionales solo va a flamear la bandera argentina», dijo a TN Cristian Larsen.

En la Administración de Parques Nacionales señalaron que la ocupación ilegal no solo alteró la tranquilidad de la comunidad local, sino que también perjudicó los intereses de todos los argentinos. «Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada», resalta el comunicado que publicó el Ministerio de Seguridad.

El operativo también marca un cambio de postura gubernamental, tras la decisión de no prorrogar la Ley Nº26.160 de emergencia territorial indígena.

Esta legislación, impulsada por administraciones anteriores, suspendía desalojos en tierras reclamadas por comunidades indígenas. Con su vencimiento, el Gobierno recuperó la capacidad de actuar en defensa de la propiedad pública siempre que exista un fallo judicial.

El operativo de desalojo busca poner fin a una situación que se prolongó por casi tres años y restablecer la legalidad en una de las reservas naturales más emblemáticas del país.