En este sentido, señaló que «en la conciliación no llegamos a ningún acuerdo. El IPV sigue en su postura y nosotros con la nuestra».

«Llegamos a juicio porque jamás fuimos escuchados», dijo en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que «yo denuncié que hay gente que vende, alquila o presta las casas. Pedí por favor que controlen estas situaciones, pero nadie hizo nada».

«Llevamos tres años reclamando y mientras las casas se caen a pedazos, las paredes se rajan», indicó.

En este marco, destacó que «llegamos a este punto porque nos cansamos de reclamar. La abogada del IPV nos dijo que a ella lo único que le consta es que hay que arreglar 5 casas. Somos 16 vecinos en juicio, y ahora se van a sumar 30 más, y después 30 más ¿Dónde va a parar todo esto?».

«Nuestras casas tienen daños estructurales por no haberle hecho bases como corresponde, deberán recalzar toda la vivienda», afirmó.

A su vez, resaltó que «para poder arreglar las casas, nos tienen que sacar de nuestro hogar, alquilarnos algo digno, pero nadie me da garantías de nada».

«El total del reclamo es de 166.200.000 millones de pesos. Nosotros vamos a ir hasta el final de las consecuencias. Mi tel es 2974003040 quiero que los vecinos que tengan daños en sus casas se comuniquen conmigo», concluyó finalmente Luis.

«No cometí ningún error, porque actué de buena fe. Cuando miro la repercusión política, puedo decir ´tengo algo que aprender´. Tengo que aprender que asumí la presidencia y seguí siendo el de siempre. Lamentablemente esto demuestra que tengo que cambiar los filtros», continuó.

Además, aseguró que pidió la intervención de la Oficina Anticorrupción: «Que se investigue a todos, incluido a mí mismo. Algo que no pasaba. Si alguien se llevó algo, es algo que no me corresponde decir a mí. Y por eso creamos una unidad de investigación».

También aprovechó para criticar al kirchnerismo. «El peronismo me pide el juicio político, pero ellos nunca explicaron dónde está toda la plata que se llevaron. ¿Dónde están los 600 palos verdes que se llevó Néstor Kirchner?», se preguntó.

Mientras Viale leía el tuit de Cristina Kirchner, el Presidente contraatacó: «¿Que me lo diga las dos veces condenada? ¿Por qué no explica por qué la hija tenía 5 palos verdes en una caja del banco? ¿Que me lo diga la chorra? ¿Que me venga a dar clases alguien que tuvo de ministro de Economía a Axel Kicillof, que le costó al país US$35.000 millones? No hay mayor estafa en la Argentina que el kirchnerismo».

En cuanto a los pedidos de juicio político, se mostró firme y volvió a hacer mención a gobiernos pasados. «No tengo miedo de que me volteen. El verdadero ponzi de la Argentina nos llevó al 60% de la pobreza. Con la economía creciendo y la inflación de 1% saben que no pueden ganar. Ellos van a defender el status quo. Hablan de estafa, pero la mayor estafa fue el kirchnerismo».

Sobre las críticas por parte de la oposición, insistió: «Va a caer la espuma y la evidencia va a quedar clara. Están nerviosos, saben que las encuestas les dan muy abajo. Saben que la economía está en recuperación». Y consideró: «En medio del proceso electoral, la economía va a estar creciendo un 7% y la inflación va a estar en un 1%».

En este sentido, siguió: «No creo que haya nadie involucrado. No desconfío de nadie del equipo”. Sin embargo, remarcó que “si la Justicia determina que sí, va a rodar la guillotina».

A principios de semana, Uliarte echó a su abogado, Alejandro Cipolla, a través de un escrito presentado desde su celda en Ezeiza. En esta audiencia se sumará su nuevo representante legal: el defensor oficial Eduardo Chittaro. El letrado había solicitado postergar el reinicio del debate, ya que tenía que ponerse al tanto del expediente. Sin embargo, la presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6, Sabrina Namer, denegó el pedido.

Para hoy fueron llamados a declarar dos policías que intervinieron en el secuestro del celular de Carrizo, y otros dos testigos que presenciaron el operativo. Durante la declaración testimonial de 5 de septiembre de 2022, cuatro días después del hecho, el jefe de los copitos ofreció aportar voluntariamente su teléfono, pero en ese momento no declaró en calidad de imputado.

Una fuente de la Justicia explicó a TN que, para la defensa encabezada por Gastón Marano, el secuestro del celular fue ilegal. Por eso, previo al juicio, solicitaron la impugnación del acto procesal, asegurando que no es válido porque Carrizo, al haber declarado como testigo, está obligado a entregarlo, por lo que violaría la garantía de autoincriminación.

Además, pasarán por el estrado dos titulares de DNI que fueron secuestrados durante un allanamiento en la casa de Carrizo. Fueron solicitados por la querella, que busca determinar si los testigos tenían conocimiento del plan que tenían los copitos para matar a la exvicepresidenta de ese entonces.

Qué pasará con Brenda Uliarte: ¿Es inimputable?

Desde que empezó el juicio en Comodoro Py, hace unos siete meses, a Brenda Uliarte se la vio inquieta. Sentada en las gradas de la amplia sala AMIA, en el subsuelo del edificio de Tribunales, la imputada rio, lloró, cantó, bailó, todo mientras los testigos declaraban en su contra.

En otra oportunidad, cuando le tocó presenciar el debate por Zoom, tuvieron que sacarla del vivo de Youtube porque no dejaba de balbucear, de moverse de un lado al otro, y de reírse a carcajadas. Incluso, en otra audiencia, la mujer agredió a Gastón Marano, el abogado de Carrizo, sobre quien se abalanzó para pegarle.

Para su exabogado, Alejandro Cipolla, la mujer es inimputable, por ende no comprende sus actos ni está en condiciones de seguir presa ni juzgada. El letrado pidió varias veces que el debate sea suspendido para poder hacerle pericias psiquiátricas, aunque, la vez que se reunió con los peritos del Cuerpo Médico Forense, no dijo nada.

«No pudieron extraerle casi nada de información porque estaba muy reticente a hablar», contó una alta fuente judicial. Por eso, Cipolla volvió a reiterar el pedido antes de la feria y, entre esta semana y la que viene, se someterá nuevamente a una entrevista con los psiquiatras, para que los profesionales puedan llegar a una conclusión definitiva, ya sin la representación legal de su viejo y conocido abogado.

Esta pericia podría ser clave para Uriarte, ya que -de ser declarada inimputable- el juicio podría caerse, al menos para ella, ya que su expareja, Fernando Sabag Montiel, y su exempleador en el trabajo de los copos de azúcar, Nicolás Carrizo, seguirán imputados. El primero como autor material del intento de magnicidio, mientras que el segundo como partícipe necesario.

Además, el TOF aceptó sumar la imputación por violencia de género, ya que la querella había pedido incluir este agravante en la carátula, al considerar que a Cristina Kirchner la quisieron matar por el hecho de ser mujer y, al mismo tiempo, por ser una líder política femenina relevante en la historia argentina.

La expresidenta fue condenada junto a Lázaro Báez y otros imputados por administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional. Sin embargo, su defensa insiste en que la sentencia es arbitraria y buscará demostrar que las pruebas en su contra son inexistentes o fueron valoradas de manera «irrazonable». Además, según pudo saber TN, podría sostener que hubo errores en la interpretación de la Constitución.

El camino judicial que seguirá Cristina Kirchner incluye varias postas. En primer lugar, sus abogados presentarán un recurso extraordinario ante la Cámara de Casación, que es el tribunal que confirmó su condena. Este organismo deberá decidir si acepta o rechaza el recurso. En caso de rechazo, la defensa recurrirá en queja directamente ante la Corte Suprema.

Una vez que el caso llegue, el máximo tribunal podrá aceptar o desestimar el planteo de la exvicepresidenta. La Corte no tiene plazos establecidos para resolver este tipo de cuestiones, lo que significa que la decisión podría demorarse años.

«El Recurso Extraordinario es el camino que tenés para llegar a la Corte y allí se pueden plantear varias cuestiones como sentencia arbitraria, es decir que las pruebas en tu contra no existen o se valoraron de forma irrazonable o que existieron errores en la interpretación de la constitución», explicó un reconocido abogado constitucionalista.

Al plantear que la sentencia es arbitraria, los letrados que defienden a CFK podrán argumentar que se violó la garantía del debido proceso. En una apelación se revisa todo el proceso judicial, pero al presentar un recurso extraordinario solo se coloca el foco en las cuestiones en disputa. «Llegar en queja no garantiza que lo tramiten y que luego la sentencia sea favorable», agrega el abogado consultado.

Desde finales de 2024, la Corte quedó compuesta por tres integrantes: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Es que Juan Carlos Maqueda abandonó el tribunal a fin de año.

El debate sobre la causa Vialidad también se cruza con las negociaciones políticas entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza (LLA) en el Senado. En particular, las discusiones por los pliegos de los jueces Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, así como la propuesta del oficialismo para ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema, forman parte del complejo tablero político que rodea al caso.

Si se suma Mansilla y Lijo, esa es la Corte que podría revisar la condena a Cristina Kirchner. Hasta tanto eso no ocurra, la líder peronista puede ser candidata. Por el momento no prosperó la ley de ficha limpia, así que nada impide que, en caso de que lo desee, se postule al Congreso el próximo año.

El primer tribunal en condenar a Cristina Kirchner fue el TOF 2, en diciembre de 2022, donde se juzgó a la exmandataria por el desvío del 80% de la obra pública nacional en Santa Cruz. El pasado 13 de noviembre, la Cámara de Casación Penal avaló la condena, aunque el fallo no quedó firme y la expresidenta no cumplirá su condena -6 años de prisión e inhabilitación de por vida a ejercer cargos públicos- hasta que la Corte Suprema se pronuncie sobre el caso.

Según trascendió, la causa llegaría a la Corte recién a mediados de 2025. Esto se debe a que la Cámara Federal de Casación Penal extendió el plazo para que los defensores y la fiscalía presenten recursos extraordinarios contra la decisión judicial. Cada parte tendrá 30 días hábiles más que se suman a los diez que ya estaban pautados para presentar los documentos. La fecha límite para presentar el recurso extraordinario es el 16 de febrero.

Las dos partes están en desacuerdo con el fallo de Casación: los defensores buscan la absolución de sus clientes (Cristina Kirchner y el resto de los condenados) o una disminución de sus penas, mientras que la fiscalía tiene el objetivo de aumentarlas, además de sumar el delito de asociación ilícita contra la exmandataria.

Además de la sentencia a la vicepresidenta, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 condenó a Lázaro Báez (6 años); al exsecretario de Obras Públicas de la Nación, José López (6 años); al extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti (6 años); a los exresponsables de la DNV en Santa Cruz, Mauricio Collareda (4 años) y Raúl Daruich (3 años y 6 meses); y a los extitulares de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz, Juan Carlos Villafañe (5 años), Raúl Pavesi (4 años y 6 meses) y José Santibáñez (4 años).