En este sentido, señaló que «en la conciliación no llegamos a ningún acuerdo. El IPV sigue en su postura y nosotros con la nuestra».

«Llegamos a juicio porque jamás fuimos escuchados», dijo en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que «yo denuncié que hay gente que vende, alquila o presta las casas. Pedí por favor que controlen estas situaciones, pero nadie hizo nada».

«Llevamos tres años reclamando y mientras las casas se caen a pedazos, las paredes se rajan», indicó.

En este marco, destacó que «llegamos a este punto porque nos cansamos de reclamar. La abogada del IPV nos dijo que a ella lo único que le consta es que hay que arreglar 5 casas. Somos 16 vecinos en juicio, y ahora se van a sumar 30 más, y después 30 más ¿Dónde va a parar todo esto?».

«Nuestras casas tienen daños estructurales por no haberle hecho bases como corresponde, deberán recalzar toda la vivienda», afirmó.

A su vez, resaltó que «para poder arreglar las casas, nos tienen que sacar de nuestro hogar, alquilarnos algo digno, pero nadie me da garantías de nada».

«El total del reclamo es de 166.200.000 millones de pesos. Nosotros vamos a ir hasta el final de las consecuencias. Mi tel es 2974003040 quiero que los vecinos que tengan daños en sus casas se comuniquen conmigo», concluyó finalmente Luis.

Este martes pasado el mediodía, el intendente Othar Macharashvili junto los secretarios de Ordenamiento Territorial y de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Carlos Jurich y Luis Romero, respectivamente, se reunió en el despacho municipal, con el nuevo presidente el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Guillermo Espada James y con la gerente general, Lucía Taylor, a fin de unificar líneas de trabajo, que permitan dar respuestas a las demandas de la comunidad.

Respecto al encuentro, Romero, indicó que “se concretó con la presencia del nuevo presidente del Instituto, al que le expusimos el tema habitacional, el tema de infraestructura y cómo vamos a seguir adelante con el PROMEBA (Programa de Mejoramiento Barrial), un programa que se estaba ejecutando en fracción y 14 y 15 y que se ha deprimido debido a que el Gobierno Nacional dejó de financiar o cerró oficinas que eran las encargadas de gestionar ante el BID para la obtención de financiamiento externo”.

“Frente a esta situación, consultamos para poder encabezar algunas gestiones y algunas obras, que los vecinos por temas sanitarios o de seguridad demandan como son cloacas, el mejoramiento vial o conexiones de gas. Hay obras que se encuentran en proceso de licitación o de ejecución. También –continuó- abordamos la construcción de viviendas, hablando de los terrenos que tiene el Municipio disponibles y de la dotación con servicios. Ellos hablan –mencionó por los referentes del IPV- de un número interesante, y en esa línea, el intendente nos puso el compromiso de gestión de dotar de todas las herramientas necesarias para que el Instituto pueda dar una respuesta, aunque sea moderada en lo que respecta a lo habitacional en el 2025.

En tanto, Espada James, comentó que se reunió con el intendente para abordar proyectos “que están en carpeta, al expresar que “vamos a llevar a cabo, todas las obras que sean necesarias para Comodoro y a generar un banco de tierras, teniendo en cuenta que acá es realmente complicado, pero creo que hay una muy buena sintonía con las áreas técnicas, por lo que va a salir todo bien”, adelantó.

Asimismo, agregó que en el encuentro también se dialogó sobre “algunos puntos de obras que están en ejecución, con el objetivo de ponerlos al tanto de cuál es la situación y cuáles son las acciones a tomar, además de temas generales, a fin de avanzar. Nuestra visita responde a fortalecer los lazos”, puntualizó.

El juez interviniente será Alejandro Soñis.

El fiscal Martín Cárcamo confirmó que una vez finalizada la audiencia, brindará declaraciones a la prensa.

Causa «IPV III»

La causa «IPV III» es una investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal por estafas millonarias que se llevaron a cabo en Comodoro Rivadavia.

El fiscal Martín Cárcamo precisó que la principal implicada es Vanesa Fita, por ser la persona que manejaba las cuentas a las que se giraban las transferencias de 100.000 pesos por cada familia suscriptora, bajo la creencia de que, de ese modo, ingresaban en un plan de viviendas a construir por el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano.

Durante la investigación preliminar se descartó que hubiera vinculación con algún integrante de ese organismo público, como ocurrió en las dos estafas anteriores. Por el contrario, el fiscal reconoció que incluso desde ese organismo se aportó información sobre la maniobra que se estaba perpetrando, invocando su nombre falsamente.

Hay otras cuatro mujeres implicadas, cuyos apellidos, según precisó el fiscal, son Miranda, Mansilla, Curán y Páez, pero en algunos casos también podrían encuadrarse como víctimas, ya que la modalidad organizativa funcionaba convenciendo a cada uno de los suscriptos de que participaran en el supuesto plan de viviendas.