En este sentido, señaló -a través de su cuenta oficial de X– que «después de más de cuatro años de ocupación ilegal, por culpa de la desidia de los Gobiernos anteriores, y de un sector de la Justicia que miraba para otro lado, pudimos finalmente desalojar a los usurpadores de la zona del Parque Nacional ‘Los Alerces’».

«También fue necesario controlar a un grupo de inadaptados que, como reclamo ante el desalojo, intentaron tomar y bloquear la estación ferroviaria de Nahuel Pan, donde funciona La Trochita», dijo.

Finalmente, Torres concluyó que «a partir de ahora, y a diferencia de lo que ocurría en el pasado con otros Gobiernos que defendían delincuentes, en Chubut la ley se cumple y es igual para todos».

Este operativo es el resultado de una extensa batalla judicial que culminó con la sentencia firme de la Justicia, permitiendo la intervención de las Fuerzas Federales.

Según la orden emitida por el juez federal Guido Otranto, los integrantes de la comunidad, que en 2020 ocuparon de manera violenta instalaciones de Parques Nacionales y avanzaron sobre terrenos públicos y privados, tienen pocas horas para retirarse voluntariamente antes de que se proceda a ejecutar la medida judicial.

Según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación, el desalojo se concretará en colaboración con la Vicejefatura de Gabinete del Interior y la Administración de Parques Nacionales, bajo estrictos protocolos de seguridad.

El 2 de enero pasado, un oficial de justicia acompañado por miembros de la Policía Federal notificó a la comunidad sobre la resolución judicial y emplazó a los usurpadores a retirarse de forma voluntaria antes del jueves 9 de enero.

El mismo día se firmará el acta de restitución de las tierras a Parques Nacionales. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich encabezará el operativo junto con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres y el presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen.

El documento que difundió el Ministerio de Seguridad indica que «tras agotarse todas las instancias judiciales y los intentos de retirada pacífica, se procederá al desalojo del grupo autoproclamado mapuche encabezado por Cruz Cárdenas».

En rigor, la comunidad Lof Paillako permanece en áreas protegidas que incluyen una seccional de Guardaparques. En un contexto de tensión, la ocupación generó conflictos con ataques verbales y físicos hacia el personal de la Administración de Parques Nacionales y afectó los derechos de propiedad del Estado Nacional.

«Nuestro compromiso es claro: con la ley, la paz social y la seguridad de todos los ciudadanos. No vamos a permitir más usurpaciones. En Parques Nacionales solo va a flamear la bandera argentina», dijo a TN Cristian Larsen.

En la Administración de Parques Nacionales señalaron que la ocupación ilegal no solo alteró la tranquilidad de la comunidad local, sino que también perjudicó los intereses de todos los argentinos. «Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada», resalta el comunicado que publicó el Ministerio de Seguridad.

El operativo también marca un cambio de postura gubernamental, tras la decisión de no prorrogar la Ley Nº26.160 de emergencia territorial indígena.

Esta legislación, impulsada por administraciones anteriores, suspendía desalojos en tierras reclamadas por comunidades indígenas. Con su vencimiento, el Gobierno recuperó la capacidad de actuar en defensa de la propiedad pública siempre que exista un fallo judicial.

El operativo de desalojo busca poner fin a una situación que se prolongó por casi tres años y restablecer la legalidad en una de las reservas naturales más emblemáticas del país.