En un expediente que en principio tramitó en la justicia ordinaria y luego continuó en sede federal por el carácter de funcionario público del imputado, Ferrari fue requerido a juicio por presuntos hechos ocurridos entre los meses de junio y julio de 2021, cuando C.C., la estudiante, estaba terminando la cursada del primer cuatrimestre en la facultad de abogacía de la UNPSJB.

De acuerdo a la acusación, “Augusto Rafael Ferrari, en ese entonces profesor de la materia Introducción al Derecho, Taller I, Recursos Naturales y vicedecano de la facultad, habría intentado mantener trato sexual con la alumna de primer año de la carrera de ciencias jurídicas, (…) quien a esa fecha tenía 18 años de edad. Para ello, se aprovechó de la relación de autoridad y poder existente, por su posición en la universidad, tanto como profesor, como en su rol de vicedecano, consistiendo su accionar en acercamientos vía la red social Instagram, en la cual le respondía las historias con emoticones de ‘carita con ojos de corazones, de 100 y fueguito’, y también mediante mensajes de texto vía WhatsApp en los cuales le preguntaba si quería viajar con él, contándole los bienes que tenía y los viajes al exterior que había hecho, entre otras frases. También la invitó en una oportunidad a una fiesta de ingresantes, donde le dijo que iban a ser pocos, que no lo comentara».

“Otra vez la invitó a salir, y -C.C.- se negó diciéndole que estaba en Trelew, insistiendo en que en unos días él viajaría a Trelew, si se podían ver, a lo que ella no contestó. Asimismo, en otra ocasión le dijo que podían ir al bar ‘El Argentino’, que como ella vivía en Trevelin, le dijo de alquilarle un departamento para que se quedara allí y no tuviera que volver. Las propuestas, de claro contenido sexual y que perseguían tener un acceso carnal, afectaron el área de privacidad y de la libre determinación sexual de -C.C.-, intimidándola, ya que Ferrari se valió de su rol, generando un abuso intimidatorio, por la relación de autoridad y poder que tenía respecto de la víctima”, señaló el fiscal de instrucción en el auto de elevación a juicio.

Para la acusación, a su vez, el acto no llegó a concretarse “por la negativa” de la estudiante, “quien pese a su miedo e incertidumbre sobre cómo continuaría su vida académica luego de eso, no accedió a tales propuestas”.

“C.C. pidió ayuda a una profesora y envió un correo electrónico a la universidad contando tal situación, mas no recibió respuesta alguna”, destacó la fiscalía, y concluyó: “El contexto era claramente asimétrico por el lugar de autoridad y poder ocupado por Ferrari, la notable diferencia de edad y su condición de varón, de lo cual se aprovechó, intimidándola, con el objeto de lograr un acercamiento de contenido sexual con la finalidad de tener acceso carnal”.

El ex vicedecano pasó a la siguiente instancia penal enfrentando dos cargos: tentativa de abuso sexual con acceso carnal e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sin embargo, previo al ofrecimiento de pruebas y a la celebración del debate, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Comodoro Rivadavia resolvió, el 1 de noviembre del año pasado, sobreseer al imputado “por cuanto el hecho por el que fuere requerido no constituye delito, debiendo dejar sentado que el presente proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubiera gozado la persona antes mencionada”.

Contra ese pronunciamiento presentó un recurso de casación el Ministerio Público Fiscal, donde, apoyado en distintas declaraciones testimoniales que ratificaron los dichos de la joven denunciante, esgrimió que la decisión del TOF eliminaba “la posibilidad de una discusión a los efectos de esclarecer la verdad, máxime cuando se trata de un caso de violencia de género”.

Así las cosas, las actuaciones quedaron en manos de los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, quienes emitieron un fallo de 31 páginas al que tuvo acceso Infobae.

Sosa fue detenido por la policía en Gonnet después de que su novia lo acusara de haberle impedido salir de su casa como consecuencia de una discusión de pareja. Pero antes, según reveló el sitio platense 0221, la joven le pidió a su suegra que se acercara hasta la casa para ayudarla a irse del lugar.

Los mensajes de la madre del futbolista fueron publicados por la víctima en sus redes sociales. “Que conste que antes de llamar a la policía y hacer todo esto yo le pedí ayuda a la familia de él. Me dijeron que no podían hacer nada. Era él o yo. Lo siento mucho, me tocó elegirme”, escribió la joven junto a los chats con su suegra.

“Necesito que vengas, Alan no me deja salir”

En la conversación que mantuvo con su suegra a través de Whatsapp se puede leer lo siguiente: “Ale, necesito que vengas a casa. Alan no me deja salir”, le pide. La respuesta de la madre de Sosa fue: “Sofi, yo no puedo hacer nada, ¿cómo querés que vaya, madre?”.

Tras una llamada que duró un minuto, los mensajes continuaron. Ahí mismo se puede leer que la novia del futbolista le aclara que “quiero que esto termine bien”, pero que va “a tener que llamar a la policía”. Su suegra le contestó: “No lo hagas, por favor. ¿Por qué no te fuiste antes de que llegara, flaca, para evitar todo esto?”.

Lo que sigue a continuación, en base lo que se puede ver en la captura del chat, es que hubo otra llamada -esta vez perdida- y un mensaje más de la madre del futbolista: “No llames a la policía, porfa, no tengo cómo ir para hablarlo”.

El futbolista Alan Sosa, de 21 años, fue detenido en Gonnet tras haber sido denunciado por su pareja por privación ilegítima de la libertad. El joven jugador del Lobo venía de ser titular el último fin de semana en el triunfo ante Atlético Tucumán.

Los impulsores de la denuncia, encabezados por el diputado nacional (mc) Claudio Lozano no sólo la ratificaron sino que también la ampliaron.

La primera denuncia fue presentada por Lozano junto a Jonatan Baldiviezo (abogado fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad), Marcos Zelaya (abogado coordinador del área de Derecho y Nuevas Tecnologías) y María Eva Koutsovitis (ingeniera fundadora de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos).

En su ampliación, los denunciantes advirtieron que en su «entrevista» con el vocero presidencial extraoficial Jonatan Viale «Milei reconoció la comisión de nuevos delitos: Agiotaje (art. 301, inciso 1 CP), Delitos contra el Orden Financiero (art. 309 CP) y delito de Intermediación Financiera no Autorizada (art. 310 CP)».

Y siguieron: «ampliamos la denuncia penal contra Karina Milei por los dichos de Hayden Mark Davies que pagaba a la hermana del presidente y por la existencia de una red de tráfico de influencias».

Solicitaron además el secuestro en crudo del video de la entrevista de Viale a Milei por medio de un allanamiento a TN y la Casa Rosada, y solicitaron además que se cite al «periodista» como testigo.

Pidieron además «el secuestro inmediato de los 100 millones que se encuentran bajo la administración o custodia de Hayden Mark Davies porque son el producto de la comisión de delitos».

«Solicitamos se ordene la detención inmediata de Hayden Mark Davies» siguieron al tiempo que reclamaron que se citen como testigos a Diógenes Casares, a los periodistas Alejandro Bercovich y Cristina Pérez.

«Estas fotos son del cajero de Km8, el que está al lado del cine. Esto es ahora. Algunas mascoteras dejan a los perros durmiendo ahí a la noche, como pasa en el Credicoop en el Centro», explicó.

Y agregó: «Es impresionante el desfiladero de sorete, diarrea, dentro del cajero, yo fui recién, fue gente, se descompuso una señora, una vergüenza».

«Verás que está la comida del perro, el agua, amiga llévatelo a tu casa si te gusta tanto, es un cajero, no una guardería», concluyó.

En ese sentido, señaló -en diálogo con Radio del Mar– que «yo confío en los pacientes y actúo de buena fe. Si a mí una persona me dice que no puede dormir, que se siente mal y que hará daños a la propiedad del trabajo o contra él mismo, ahí hago la boleta médica».

Asimismo, cuestionó que los que realizaron la denuncia «actuaron de mala fe y tienen una clara intención de daño hacía mi persona y mi profesionalidad como médico. Mucha gente me conoce, sabe cómo trabajo y del procedimiento legal que implica una boleta médica».

En cuanto al vídeo difundido junto con la denuncia de la Cámara de Comercio, aseveró que el mismo está «editado y cortado. Ahí lo único que se ve es como el paciente entra, pero no la parte de la entrevista para el posterior diagnóstico, actuaron de mala fe al ocultar la cámara sin consentimiento, es un delito y violación a la privacidad y al secreto médico», se lamentó.

Vale resaltar que Raúl Soria ejerce la medicina desde 1996 y como psiquiatra desde el año 2007. «Ni los propios colegas médicos entienden mi especialidad, que una abogada te diga cuando dar o no una boleta no tiene sentido».

Finalmente, comentó que «hay un gran acompañamiento de pacientes, colegas y psicólogos».

En diálogo con FM La Petrolera, Juan, padre de Santino, dijo que “el lunes cerca de las 13 horas caminábamos en el centro luego de hacer algunas compras, cuando en un momento mi hijo cayó en un pozo y comenzó a llorar del dolor”.

En este sentido graficó “yo no entendía nada, de inmediato se acercó gente a tratar de ayudarme porque no lo podíamos sacar del pozo, mientras él lloraba por el dolor que tenía. Cuando logramos sacarle la pierna, tenía mucha pérdida de sangre, por lo que rápidamente lo trasladé a una Clínica céntrica donde lo atendieron y le hicieron 10 puntos de sutura y rayos para ver si se había fracturado”.

Según Juan C. “es una irresponsabilidad de parte de la Municipalidad porque luego nos enteramos que la gente del comercio que está a pocos metros, había realizado la denuncia hace más de 20 días y nadie hizo nada para que no pase esto. Encima pasó en un lugar donde hace pocos días hubo un evento masivo, por eso creo que voy a ir hasta las últimas consecuencias y para que pague por lo que le pasó a mi hijo, porque además no quiero que le pase a nadie más. Es una vergüenza porque pasó en pleno centro a media cuadra de la Municipalidad”.

«Básicamente, son los que están en contra del progreso de la Argentina», argumentó Larsen en comunicación con Radio Mitre. Además, indicó que son «grupos marginales» y «delincuentes», que reaccionan ante el orden del gobierno que quiere instaurar en todo el país; que están «perdiendo sus privilegios» y accionan de esta manera «para que a un gobierno le vaya mal».

En este sentido, remarcó que desde Parques Nacionales apoyan las declaraciones de los gobernadores, Ignacio ‘Nacho’ Torres (Chubut) y Alberto Weretilneck (Río Negro); y estableció que creen que los incendios fueron intencionales.

Asimismo, relacionó estos hechos con las medidas implementadas por el Ministerio de Seguridad Nacional, sobre la recuperación de terrenos «que habían sido usurpados por falsas comunidades mapuches, o incluso cortar con subsidios que le daban a estas».

A comienzos de año, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mostró cómo fue el operativo de desalojo para que la agrupación mapuche Lof Paillako abandone el predio del Parque Nacional Los Alerces. El jueves 9 de enero de 2025 expiró la fecha límite que había establecido el juez federal de Esquel, Guido Otranto, para que los líderes mapuches, Ernesto Cruz Cárdenas y su pareja, María Belén Salinas, abandonaran el territorio junto con el resto de la comunidad. Por este motivo, la titular de la cartera de Seguridad, el gobernador chubutense, Ignacio Torres, y el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Cristian Larsen, se sumaron al procedimiento para desalojar a la población.

A su vez, rechazó las críticas hacia la administración nacional y puntualizó que lograron apagar muchos fuegos e intentos en su etapa inicial; y declaró que en el Parque Nacional Lanin existieron varios intentos de incendios. «Qué otro nombre puede tener esto de personas que no intentan hacer un daño a la Argentina, ellos piensan que es un daño contra el gobierno, pero en realidad es un daño con todos los argentinos», sentenció.

También recordó que Facundo Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), había reivindicado estos incendios. «Yo reivindico los sabotajes y los atentados incendiarios a la infraestructura del sistema capitalista, de las trasnacionales, de los terratenientes. Pero nosotros jamás hemos atacado nuestro entorno ni a las personas. Dicen que andamos prendiendo fuego los bosques donde vive nuestra gente. Todas mentiras. Jamás lo hemos hecho ni lo haríamos», había declarado Jones Huala, en un video y durante la presentación de su último libro. Estas declaraciones desembocaron en la denuncia del gobierno nacional por intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal.

Luego, Larsen brindó un panorama de la situación actual e informó que, en El Bolsón, hay más de 120 viviendas destruidas y cerca de 700 familias con pedido de evacuación. Mientras que en el Parque Nacional Lanin, ya lleva 15 mil hectáreas consumidas. Y en el Parque Nacional Nahuel Huapi son 10 mil las hectáreas afectadas por el fuego.

Por último, el presidente de Parques Nacionales informó el funcionamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que funciona cuando una provincia solicita ayuda. Y concluyó: «Desde el gobierno nacional le estamos aportando distintos recursos, entre ellos 9 aviones, 10 helicópteros, más de 100 brigadas, más los recursos de parques nacionales que tienen que ver con los camiones hidrantes y con más de 200 brigadistas».

En este sentido, señaló que «encontré sobrecostos en los cuadros que presentó Patagonia Argentina desde el 2007 a la actualidad».

«Esta situación provocó que el Municipio le pague muchísimo más dinero que el que realidad necesita la empresa», dijo en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que «del año 2007 a la actualidad la Municipalidad ha pagado cifras más que considerables. Ya he pedido informes a Transporte, al ente de Control de los Servicios Públicos, al Ente de Deportes y ninguno me ha respondido».

«Ahora también reiteré mi pedido a la Secretaría de Economía del Municipio», indicó.

Finalmente, Lattanzio concluyó: «Si tengo que radicar una denuncia lo voy a hacer, pero antes quiero hablar con un perito mecánico».